29/01/2008

¡Hace un año, Aguirre pedía una “estatua” para Lamela!

Como consejero de Sanidad, dirigió la cruzada neocon contra Montes y su equipo

Le llamaron “Doctor Muerte”. Le llamaron el “asesino del Severo Ochoa de Leganés”. El doctor Luis Montes se transformó de pronto -hace un par de años aproximadamente- en un monstruoso criminal de enfermos terminales y hasta no terminales. El coordinador de Urgencias del hospital citado disfrutaba, al parecer, provocando la muerte de indefensos pacientes cuyos familiares nada podían hacer ante tan salvaje galeno. El entonces consejero de Sanidad del Gobierno autonómico de Madrid, Manuel Lamela, dirigió la cruzada cristiana neocon contra el doctor Montes y su equipo.

Los guardianes del Bien se dedicaron a lanzar paletadas de mierda sobre los supuestos agentes de la eutanasia maldita. Buena parte de la prensa afín a Génova 13 cumplió con matemática precisión las instrucciones del PP. Había que demostrar que el Gobierno Zapatero era el paradigma del Mal, el promotor de Sodoma y Gomorra, el destructor de España y, por supuesto, el feroz enemigo de la religión católica. Su objetivo: el aborto, el divorcio exprés, la eutanasia y los matrimonios homosexuales. En resumen, ZP quería acabar con la familia a través del hedonismo, el laicismo, el relativismo y la masonería infiltrada.

Depuesto de su cargo
Le colgaron el sambenito al doctor Montes. Fue objeto de una persecución inquisitorial implacable. La presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, hacía méritos ante la derecha y apoyaba a Lamela. Asistimos a una brutal caza de brujas. Montes no fue conducido a la hoguera pero sí fue depuesto de su cargo en el transcurso de un escalofriante auto de fe en el que se procedió a una purga de cómplices o sospechosos del malvado Montes.

El poderío
Mientras tanto, se iba erosionando a propósito el prestigio de un hospital público que funcionaba adecuadamente, como el Severo Ochoa. El coro de las plañideras de oficio entonaba en esa época himnos de loa a la sanidad privada, el gran negocio. Los hipócritas se rasgaban sus vestiduras porque el doctor Montes, decían, sedaba compulsivamente a las víctimas hasta que morían incluso en los pasillos del hospital. Esperanza Aguirre exhibió su poderío machacando sin piedad a los médicos acusados de matarifes.

Colosal ignominia
Todo aquello constituyó una colosal ignominia. Se trató de una de esas operaciones conspirativas con las que la derecha de este país nos obsequia cada dos por tres. Si la realidad avala ese proceder –lo que apenas ocurre-, miel sobre hojuelas. Que no, pues que se joda la realidad: nosotros nos la inventaremos o la adecuaremos a nuestras pretensiones.

Güemes, el yerno del padrino de Castellón
Lamela cambió más tarde de cartera. De oca a oca y tiro porque me toca. Le sustituyó Juan José Güemes, casado con Andrea Fabra Fernández, ahora número 2 de la lista del PP por Castellón, hija del padrino de la provincia y presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, el hombre de las gafas negras, ese perfil inconfundible de experto en pelotazos y en asuntos bajo sospecha.

Ni siquiera disculpas
Cuando se ha conocido el veredicto firme de la justicia, exculpando totalmente al doctor Montes y a sus colaboradores, Güemes ha defendido la actuación de su antecesor. Y, como no podía ser de otro modo, la de su presidenta, doña Espe. La lideresa popular –esa aristócrata que aspira a llegar a la Moncloa- no ha asumido responsabilidad política alguna y ni siquiera ha pedido ni disculpas ni perdón por el daño ocasionado.

Un gramo, sólo un gramo
Esperanza Aguirre ha dado de nuevo su auténtica talla. La oposición –llegó a decir Aguirre hace poco más de un año- “debería erigir una estatua” al consejero Lamela por su gestión. Y añadió con su conocida chulería cheli que, al final, la “estatua” en honor de Lamela la erigirían los madrileños. Pero si tuviera un gramo, sólo un gramo, de dignidad política, Aguirre habría tenido –tras la sentencia- que destituir a Lamela. E inmediatamente presentar ella misma su dimisión.

E.S.






La resolución judicial (penal, civil y administrativa) ha puesto blanco sobre negro. Las sanciones contra la comunidad sanitaria del hospital de la S. Social de Leganés (Madrid) son fruto del abuso de poder de los dirigentes del partido de Aznar. No cesan de conculcar el Estado de Derecho. Imponen “sus” fines económicos, políticos y religiosos, cuando “sus” votantes le aupan al gobierno. ¿Sólo los que pueden pagar honorarios en sus clínicas privadas accederían a remediar el dolor en la enfermedad...
los chaparros, 29/01/2008 19:12


J.H.G.C.