RESUMEN DEL CASO NASEIRO
Fuente: La Página No Oficial del Partido Popular
La trama se inició el 28 de noviembre de 1988 cuando miembros de la Brigada
de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia procedieron a
investigar por orden judicial un supuesto tráfico de drogas, mediante el
"pinchazo" de la línea telefónica de Palop. Sin embargo, el contenido de las
cintas grabadas descubrió asuntos distintos a los esperados, puesto que recogían
conversaciones mantenidas entre importantes miembros del Partido Popular
referentes a negocios fraudulentos de carácter inmobiliario, cuyos beneficios,
según se pudo conocer con posterioridad, irían destinados en último término a
financiar al partido . En el transcurso de la investigación, que se extendió
después de varias prórrogas hasta el 11 de abril de 1990, la Policía escuchó 5.240
llamadas, una media de 40 diarias, de las que se recogieron en el sumario del
caso una cincuentena de cintas.
El 9 de abril de 1990, el entonces titular del juzgado de instrucción número dos
de Valencia, el magistrado Luis Manglano, ordenó la detención de Rosendo
Naseiro y Salvador Palop. También ordenó la detención del director general de
la empresa "Dragados y Construcciones", Luis Janini, el arquitecto municipal de
Cullera, Luis Latorre, y los empresarios Balaguer y Bonet.
El juez Manglano ordeno estas detenciones por su presunta implicación en la
concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que
sirvieron para la financiación del PP, según las acusaciones. Tras tres dias de
declaraciones, en los que los detenidos estuvieron incomunicados el juez puso
en libertad a los detenidos y el 16 de abril se inhibió del caso en favor del
Supremo, porque descubrió que podía estar implicada una persona aforada, que
resultó ser el diputado del PP Angel Sanchís. El fiscal del Supremo consideró los
hechos constitutivos de un delito de cohecho en grado de conspiración por los
que pidió para los tres políticos populares un total de nueve meses de prisión y
31,5 millones de pesetas de multa. El 18 de junio de ese mismo año el Tribunal
Supremo estimó la petición de los abogados defensores de que se anulara como
prueba de cargo las conversaciones telefónicas que habían mantenido los tres
políticos y el empresario, al considerar que estas habían vulnerado derechos
fundamentales. En concreto, el Supremo señaló que tales intervenciones
telefónicas habían violado el derecho a la intimidad de los cuatro acusados.
Finalmente el día 9 de Julio el fiscal y las acusaciones retiraron todas las
acusaciones, ya que una vez anulada la principal prueba de cargo les era
imposible mantener los cargos. El 15 de Julio el Tribunal Supremo dicta una
sentencia dictada en la se señala que solo puede absolver a los acusados y no
sobreseer la causa, tal y como pidieron las acusaciones, ya que una vez abierto el
juicio oral no queda otra solución que la de dictar sentencia. Asimismo, señala
que ésta tiene que ser absolutoria ya que por el principio acusatorio nadie puede
ser condenado si previamente no existe