09/04/2010
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ANTONIO MIGUEL CARMONA
09/04/2010



CallaoCuatro

Gürtel y el extraño caso de John Churchill

A principios del siglo XVIII gran parte de la opinión pública británica acusaba al Duque de Malborough, John Churchill (1650-1722) –antepasado directo de Winston Churchill-, de estar empecinado en la Guerra de Sucesión española por razones estrictamente personales y de enriquecimiento privado.
El Duque de Malborough se había ganado una sólida reputación militar como comandante en jefe de innumerables batallas, lo cual le había llevado finalmente a las más altas instancias de la Corte y a la admiración del pueblo. El 4 de mayo de 1702 Inglaterra le declaró la guerra a Francia en aquella que se vino en llamar la Guerra de Sucesión española, siendo precisamente el Duque de Malborough el encargado de comandar a los Aliados desde su cargo de capitán general de las tropas inglesas, holandesas y alemanas (la canción Mambrú se fue a la guerra proviene de la deformación del apellido de su ducado).

En la batalla de Manplaquet, el 11 de septiembre de 1709, las tropas de Churchill vencieron a las borbónicas, negándose éste a perseguir a las tropas francesas, según él por carecer de efectivos, según sus detractores con la aviesa intención de prolongar la guerra en su propio beneficio y posterior enriquecimiento personal.

John Churchill fue acusado en 1711 de malversación de fondos públicos por lo que fue despojado de todos sus cargos y hubo de exiliarse al extranjero, solo y abandonado, perdida su suerte y escandalizando a la sociedad británica que hasta aquel entonces había encumbrado sus virtudes públicas.

La opinión pública inglesa se había dividido en dos: aquellos que pensaban que Churchill había tenido responsabilidades criminales por la malversación y, por extensión, había que exigirle además responsabilidades políticas; y, por otro lado, aquellos que no dudaban de que no habiéndose enriquecido había tenido a su cargo numerosos corruptos que se habían aprovechado de las finanzas de la guerra incluso alargando la misma, y, por ende, el propio duque tenía que asumir responsabilidades políticas.

El caso Gürtel
En el caso de la corrupción de miembros del Partido Popular y la inherente presunta malversación de las Administraciones dirigidas por estos -especialmente la de Madrid y la de Valencia-, serán los tribunales los que diriman la pena que se les va a imponer a aquellos que hayan cometido delito de cohecho, malversación y fraude fiscal. Sin embargo, como en el caso de la opinión pública británica de principios del XVIII, se han de exigir responsabilidades políticas a aquellos que eligieron a los malhechores. Hay entonces tres tipos de responsabilidades que dirimir: las responsabilidades penales, las responsabilidades de partido y las responsabilidades políticas.

En primer lugar las penales, tras la instrucción, llevarán al banquillo de los acusados a alcaldes, diputados, consejeros, y un lamentable y largo etcétera; serán pues los magistrados los que tengan que dirimir cada caso.

En segundo lugar las responsabilidades de partido, la existencia o no de fair-play a la hora de competir electoralmente. De nada vale el y tú más, poner el ventilador, sino que cada palo aguante su vela. En ese sentido hay toda una serie de hechos que no ofrecen ninguna duda. En relación a la financiación irregular del Partido Popular de Madrid, el Informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía señala en su informe del 31 de julio de 2009 que cuando los técnicos lograron desencriptar los ordenadores de Correa estos contenían la prueba de la financiación irregular del Partido Popular de Madrid, de tal manera que descubrieron en su contabilidad varias columnas tales como Fecha, Factura, Cliente, Importe, Concepto Real y Concepto Factura; ¿Concepto Real y Concepto Factura? Efectivamente en la columna de Concepto Factura anotaban“transporte”, “guía”, “formación”, y, a continuación, en la columna correspondiente al concepto Columna Real señalaban: Elecciones Autonómicas 2003. ¿Hay financiación irregular?

Y, en tercer lugar, por último -para mí de una enorme relevancia-, debemos ser capaces de asumir responsabilidades políticas. Si un miembro de un Consejo de Gobierno, un consejero, se corrompe, se trata de un error político, de un fatal engaño o de una casualidad indeseada. Pero cuando presuntamente la mayor parte de las Consejerías de la Comunidad de Madrid están contaminadas por la trama Gürtel, cuando hay unos quinientos contratos a las empresas de la trama, alcaldes implicados, la mayoría de la dirección política, diputados, el responsable -en este caso la presidenta del Consejo de Gobierno-, por poner un ejemplo, o es responsable política por conocer la trama, o es responsable política por desconocer que se sentaba encima de una fosa séptica. De nada sirve apartar a unos diputados o retirarle el carné de partido a un ex alcalde. Hay que asumir responsabilidades políticas, no todo en esta vida se dirime sobre la alfombra de la función pública y el coche oficial: hay que saber irse a su casa.

El hombre público es por lo tanto responsable de sus actos, en primer lugar consigo mismo, y después o al mismo tiempo con sus semejantes. Restar competencias a la política para luchar contra la corrupción es corrupción en sí misma. Es desconfiar en la capacidad del ser humano de hacer el bien de forma desinteresada, o pensar que todos somos iguales o poseemos los mismos e inconfesables vicios privados.

A pesar de que John Churchill fue restituido en su honor por el rey Jorge I de Inglaterra, probablemente porque no robara, sin embargo nunca se olvidó que sí permitió que numerosos colaboradores suyos lo hicieran. Por eso asumió responsabilidades políticas. Fue hace trescientos años.



Antonio Miguel Carmona es profesor de Economía y secretario de Economía del PSM-PSOE