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Un supuesto caso de corrupción en la Administración regional

«Entre 38.000 funcionarios siempre hay quien se aparta de la norma», dice Areces
El Presidente afirma que el Gobierno actuó «con rapidez y contundencia» ante un caso que «no puede estar todos los días en la prensa»
10:43
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El dinero logrado por los contratos de Implans Mounts podría rondar los 800.000 euros. Asturias

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado, defendió ayer la actuación de su Gobierno en el presunto desfalco cuya cifra inicial se estimó en 500.000 euros y que ahora ya se situaría entre 700.000 y 800.000 euros, cometido por una jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas, responsabilidad de la socialista Ana Rosa Migoya. «Somos una organización donde hay aproximadamente 38.000 personas trabajando y cuando alguna persona incurre en presuntas irregularidades o en actuaciones que se consideren no adecuadas a las normas legales de funcionamiento, se actúa. Y se ha actuado», aseguró Areces, quien eludió entrar más a fondo en la cuestión, argumentando que «no creo que esto tenga que estar todos los días en los medios de comunicación».

El caso de esta funcionaria, jefa de servicio de Procesos Administrativos del Principado, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, que ya ha sido destituida de su cargo y suspendida de empleo y sueldo, ya se encuentra en los tribunales. Supuestamente utilizó su puesto para adjudicar contratos de menos de 18.000 euros (no necesitan salir a concurso) a una empresa de su propiedad que cobró por unos servicios informáticos que nunca dio. El caso ha llegado ante la Justicia por dos vías: a través de la denuncia de una empresa o particular en un Juzgado de Gijón y en la fiscalía, donde llegó desde la Consejería de Administraciones Públicas. «No voy a comentar nada más», dijo Areces, cuando al término de la comparecencia se le preguntó sobre si el Gobierno, tal y como indican las fechas, llevó el caso a la fiscalía después de que el Juzgado gijonés abriera el caso, y no antes, como se llegó a asegurar desde la propia Consejería de Administraciones Públicas.

«En cualquier organización humana siempre hay personas que se apartan de las pautas y las normas establecidas. En este caso se ha actuado de manera rápida, contundente y ajustándose a lo que dice la ley, que es que cuando iniciado un expediente se presume que hay un elemento que pudiera tener la consideración de penal, se pone en conocimiento del fiscal», abundó Álvarez Areces.

El Presidente, como el resto de los miembros de su Gobierno preguntados por este supuesto caso de esta alta funcionaria, que ya lo fue de la Consejería de Cultura también con Migoya, evitó hacer más valoraciones al estar el caso ante el juez. «Es evidente que esto (ajustarse a la ley y llevar el caso ante el fiscal) se ha hecho. Por tanto nada más que añadir. A partir de ahora que actúe la justicia y que las personas ejerzan los derechos que les correspondan en cada momento», dijo.

Y sentenció: «Dentro de la administración pública hay unas pautas y unas normas de actuación que se aplican en todo momento. Hay modos de vigilar su correcto cumplimiento y la manera de corregir cuando se producen desviaciones»NO YE ASI TINI DE PAJA SE VA PAJARES,SI DE ESOS 38000 FUNCIONARIOS SE LLEVAN TODOS O CASI TODOS 18000 E ¿TINI EN DONDE ESTAMOS?

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