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EFE - MADRID - 15/11/2007 14:34


El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Galladón, no ve responsabilidad política alguna detrás de la actuación supuestamente delictiva de los funcionarios detenidos acusados de cobrar por agilizar licencias municipales. Aun así, admitirá la creación de una comisión de investigación sobre el caso.
Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el alcalde ha declarado que "ninguno de estos funcionarios tenía responsabilidades políticas, tenían responsabilidades de función" y ha añadido que "las responsabilidades las pide el juez y es él el que ha establecido dónde tiene que establecer el reproche", esto es, en los funcionarios.
No obstante, dirá sí a la propuesta anunciada por la oposición de constituir una comisión de investigación en el Ayuntamiento. Pero no ahora, sino "cuando se levante el secreto del sumario, porque de esta forma se da cumplimiento al requerimiento de 'guardar sigilo' que ordena el auto del juez".
Todas la iniciativas, aceptadas
Además, ha adelantado que el Grupo Popular admitirá a trámite todas las iniciativas que el PSOE e IU planteen sobre este asunto en el próximo Pleno del Ayuntamiento, a finales de este mes, lo que incluye las peticiones de comparecencia de las concejalas responsables de Urbanismo y de Medio Ambiente, Pilar Martínez y Ana Botella, anunciadas también hoy por la oposición municipal.
Ruiz-Gallardón, que en la rueda de prensa ha comentado que no tiene noticias de nuevos registros en sedes del Ayuntamiento, tras los efectuados ayer en esas dos áreas y en tres juntas de distrito, ha aclarado que las otras personas que no son funcionarios que estarían implicadas en la trama según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, son en todo caso "externas al Ayuntamiento".
Tras asegurar que "no hay descoordinación" entre ambos a cuenta de estos otros posibles implicados, Ruiz-Gallardón ha manifestado que además de las actuaciones ordenadas por el juez en cinco sedes municipales "hay numerosas operaciones, tanto de registro como de intervención telefónica, practicadas fuera del Ayuntamiento" y que afectan a personas "externas" al consistorio madrileño.
Vinculación nula con el consistorio
Son "personas -ha precisado- que no tienen ninguna vinculación ni funcionarial ni de ningún tipo con el Ayuntamiento de Madrid pero que presuntamente cooperaban, trabajaban en coordinación con aquellos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid".
Sobre las medidas que se aplicarán a los 16 funcionarios detenidos ayer por la Guardia Civil, el alcalde ha indicado que será el juzgado el que decidirá si se adoptan "en vía judicial" o "administativa", en este segundo caso, por tanto, a cargo del Ayuntamiento.
Además, Ruiz-Gallardón ha sostenido que detectar situaciones como las ahora destapadas es "muy difícil" para la administración y ha animado "a cualquier ciudadano que sea objeto de una actuación que considere irregular a que lo denuncie de forma inmediata".
Por otra parte, el alcalde de Madrid considera necesario, de hecho ha afirmado que ya lo consideraba necesario antes de esta operación Guateque, tomar las medidas desde la administración para reducir los plazos de tramitación de las licencias municipales, cuyo retraso durante meses aprovechaban los detenidos para obtener un provecho ilícito.
Su principal propuesta para atajar este problema es que la ley permita al Ayuntamiento delegar en empresas previamente autorizadas la certificación del cumplimiento por los solicitantes de las condiciones requeridas para la concesión de las licencias.
A su juicio, la "externalización" de este servicio, sometida a una ulterior comprobación por parte del Ayuntamiento, permitiría acortar los plazos de tramitación administrativa de las solicitudes de licencia sin reducir la seguridad jurídica imprescindible y "todo lo que sea reducir los plazos -ha subrayado- es un paso determinante en favor de la transparencia".
Como ya hizo ayer, Ruiz-Gallardón ha aprovechado esta nueva ocasión para pedir que la actuación supuestamente delictiva de estos 16 funcionarios "no genere un perjuicio", en forma de "reproche social" generalizado, para todo un cuerpo, formado por 26.000 personas, al que considera "excelente".